La reciente decisión del Poder Ejecutivo nacional de intervenir la empresa VICENTIN SAIC, ha generado y generará un acalorado debate ideológico-jurídico que pone blanco sobre negro en cuanto a los antagónicos intereses representados por los distintos sectores sociales y políticos enfrascados en esta cuestión. – Así encontramos desde la oposición ¨republicana¨ voces que se alzan con indignación frente a la decisión del P.E.N; esgrimiendo argumentaciones como … Cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica», Qué significa soberanía alimentaria ? (Federico Pinedo) u otros voceros opositores invocando la ilegalidad del nombramiento de una intervención por fuera del concurso preventivo de acreedores, o que vamos a terminar en una nueva junta de granos, Que la FAO descalifica la soberanía alimentaria, etc.

También desde el derecho comercial y el constitucionalismo clásico se afirma «Que en el caso de una empresa en un ambiente competitivo como es el del comercio de cereales, donde hay empresas que se dedican al tema, donde hay empresas que hasta podrían interesarse en compras, se refieran al concepto de soberanía alimentaria, me parece peligroso. No es que se trata de una empresa de servicios públicos en crisis». MáximoFonrouge.- La Nación 10-20-2020.

Aclárese liminarmente que la FAO no descalifica concepto alguno, sino que refiere a la seguridad alimentaria en forma neutra, en tanto que el concepto de soberanía alimentaria desarrolla la materia en términos del derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental ( Conclusiones del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria. La Habana, Cuba, Septiembre 2001) Por ello, las declaraciones del Dr. Fonrouge dan lugar, quiérase o no, a la intervención de actores económicos algunos de los cuales, el P.E.N. intenta neutralizar en los términos utilizados por el presidente Fernandez…»El tema es así: cuando uno expropia tiene que hacerse cargo inmediatamente de la empresa porque hay riesgo de que mientras tanto ocurran maniobras que vacíen a la empresa , como traspaso de acciones, movimientos de dinero que uno no controla».-

Obviamente, esos mismos exponentes del liberalismo no opinaron lo mismo por ejemplo, con la sanción del Decreto de Necesidad y urgencia de ¨DESREGULACION ECONOMICA 2284/91, dictado durante la presidencia de Carlos Menem, titulado «Desregulación del Comercio Interior de Bienes y Servicios y del Comercio Exterior. Entes Reguladores. Los considerandos de este decreto refieren textualmente a» Que la Ley Nº 23.696 de Reforma del Estado ha declarado el Estado de Emergencia de todo el sector público, autorizando al PODER EJECUTIVO NACIONAL a tomar decisiones tendientes a que cese tal estado. Que dicha norma debe ser aplicada teniendo en cuenta que la Ley Nº 23.697 ponía en ejercicio el Poder de Policía de Emergencia del Estado, con el fin de superar la situación creada por las graves circunstancias económicas y sociales, que la Nación no ha superado aún totalmente. Que en tal sentido se torna imperioso instrumentar medidas y dejar sin efecto otras existentes, con el objeto de facilitar el comercio interno y externo, propendiendo a la desregulación de distintos mercados y a la simplificación del sistema tributario, que por su complejidad afecta directamente a los consumidores, a importantes sectores productivos y a los exportadores. Que la persistencia de restricciones que limitan la competencia en los mercados o que traban el desarrollo del comercio exterior contribuyen a distorsionar artificialmente los precios relativos entre el conjunto de bienes y servicios comercializados exclusivamente en el mercado interno y los bienes comercializados en mercados externos, y que tales distorsiones afectan la competitividad externa de la economía nacional, poniendo en grave riesgo los logros alcanzados por el Gobierno Nacional en materia de estabilidad y crecimiento. Que las medidas adoptadas por el presente permitirán profundizar el proceso de apertura económica y reactivación de la economía, contribuyendo decisivamente a la superación del estado de emergencia. Que en tal sentido el Gobierno Nacional busca, a través de las medidas adoptadas por el presente Decreto, atenuar los efectos de la situación de emergencia sobre las categorías sociales más desfavorecidas, profundizando la libertad de mercados con el objeto de afianzar la estabilización de los precios y provocar la disminución de aquéllos artificialmente elevados por efecto de regulaciones o monopolios legales que provocan falta de competencia y de transparencia en muchos mercados. Que el presente se dicta en el contexto de la situación de emergencia y con sustento en la citada doctrina de los reglamentos de necesidad y urgencia, toda vez que se configuran en el caso los requisitos que lo legitiman. Que por último, la legitimidad y validez de tales decretos se reconoce también sobre la base de existir una intención manifiesta de someter el reglamento a la ratificación legislativa. Huelga aclarar que los postulados vagos, insustanciales, laxos y falaces en su intencionalidad, de la desregulación menemista solo se cumplieron en cuanto a defender y profundizar los intereses de los sectores concentrados de la economía, a eliminar las Juntas Nacionales de Granos y Carnes y a dejar un ejército de desocupados en un sistema que estalló en diciembre de 2001.-

Previo a comparar ese paradigmático decreto de las década de los 90´con el DNU que nos ocupa, es menester recordar que la norma jurídica no crea una situación emergencial como ocurrió en los gobiernos menemistas y macrista; contrariamente, lo que hace es recoger la emergencia ya existente y obrar legalmente en consecuencia.- Por otro lado, en términos jurídicos una decisión de los poderes del Estado puede ser legal pero no legítima, conforme lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia de La Nación; esto es; la legitimidad es igual a la legalidad sumada a la razonabilidad.- EL DECRETO 522/2020 DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNANDEZ ES A TODAS LUCES RAZONABLE Y CONSECUENTEMENTE LEGITIMO Extractando algunos considerandos de ese acto administrativo encontramos………Que, en forma contemporánea con el inicio del proceso concursal, se desencadenó la pandemia producida por el virus SARS-CoV2, la cual generó una crisis económica global, constituyéndose el supuesto que nos ocupa, en un serio escollo para el desarrollo del proceso concursal en los plazos previstos…….. Que, asimismo, la sociedad concursada, es controlante de empresas productoras de alimentos para el mercado interno, lo cual resulta relevante en momentos de altísima vulnerabilidad, a raíz de la pandemia de COVID-19. Que, de esta forma, se encuentran en riesgo no sólo los DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (2.195) puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de MIL (1.000) empleos de la empresa algodonera, TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (376) de la industria vitivinícola del grupo inversor y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE (2.057) de la planta frigorífica. Boletín Oficial Nº 34.400 – Primera Sección (Suplemento) 3 Martes 9 de junio de 2020 Que es sabido que la producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país, garantizando la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas, las cuales tienen un peso considerable en la estructura del comercio exterior. Que, ante la gravedad de la situación planteada, y conjuntamente con el dictado de la presente medida, el Gobierno Nacional ha dispuesto la remisión al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN de un proyecto de Ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad VICENTIN S.A.I.C. Que, asimismo, en el mismo proyecto se propondrá la creación del FONDO FIDUCIARIO AGRO ARGENTINA, cuyo Fiduciante y beneficiario se propone que sea el Estado nacional y el Fiduciario, YPF S.A., todo ello en los términos del artículo 1666 del Código Civil y Comercial de la Nación. Que asimismo, para asegurar el total y absoluto cumplimiento de los objetivos y medidas que se proponen a través del referido Proyecto de Ley, resulta necesario adoptar las medidas que la urgencia requiere, resultando imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo cual se dispone la intervención transitoria de VICENTIN S.A.I.C. por un plazo de SESENTA (60) días. Esta temporalidad resulta razonable y proporcionada a los objetivos buscados, en tanto se pretende asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo en peligro y evitar efectos dañosos sobre el mercado agroexportador y la economía en general, máxime en la situación de emergencia sanitaria que vive el país, ampliada por el Decreto N° 260/20 en el marco de las emergencias dictadas por la Ley N° 27.541. Que asimismo se dispone la ocupación temporánea por SESENTA (60) DÍAS de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. en los términos de los artículos 57, 59 y 60 de la Ley N° 21.499, la que se dispone administrativamente en razón de utilidad pública ARTÍCULO 5º.- Al finalizar su cometido el Interventor deberá presentar un informe sobre la situación de la sociedad y el resultado de su gestión ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2da Nominación de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, interviniente en el concurso preventivo. ARTÍCULO 6º.- La presente medida entrará en vigencia en el momento de su dictado. ARTÍCULO 7º.- Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2da Nominación de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, el contenido de la presente medida, agregándose copia certificada de la misma.

Claramente se observa el detalle circunstanciado de los fundamentos del DNU que encuadran en el accionar legítimo del Estado Nacional: y el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia.- El artículo 57 de la ley 21499 establece Cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la ocupación temporánea. Mientras que el art. 59 reza… La ocupación temporánea anormal, puede ser dispuesta directamente por la autoridad administrativa, ……y no dará lugar a indemnización alguna, salvo la reparación de los daños o deterioros que se causaren a la cosa o el pago de daños y perjuicios debidos por el uso posterior de la cosa en menesteres ajenos a los que estrictamente determinaron su ocupación. en tanto que el ARTICULO 60. expresa que Ninguna ocupación temporánea anormal tendrá mayor duración que el lapso estrictamente necesario para satisfacer la respectiva necesidad. Por otro lado queda absolutamente garantizado el derecho al Juez natural; situación no vulnerada en el caso concreto, mientras que la misma ley de concursos expresamente habilita el inicio de procesos expropiatorios.-

SORPRENDENTE DECISORIO JUDICIAL 

El epígrafe en cuanto el juez del Concurso Preventivo ha dictado un fallo ¨salomónico¨ inadmisible en el marco jurídico sujeto a su competencia.-

El magistrado degrada la condición de interventores designados por el poder ejecutivo nacional a veedores controladores sin haber declarado la inconstitucionalidad del dnu 522/2020 como asi tampoco de los artículos pertinentes de la ley 21499 de expropiación que habilita los nombramientos cuestionados.-

Sabido es que un dnu conserva su vigencia en tanto no sea reprochado por ambas camaras legislativas, de ahi que la resolucion judicial implica una intrínseca y cuestionable contradiccion que la vuelve incongruente.-

Bienvenido el debate político, jurídico e ideológico pero abierto y de cara a la sociedad transparentando los verdaderos intereses en pugna trascada manifestación pública que se vierta sobre el rol del Estado frente al libre albedrío del mercado¨.-