Por Alejandro Mosquera

La cesación de pagos de Vicentín con una deuda de 1300 millones de dolares y siendo que el 32% es con bancos locales, principalmente con el Banco Nación con 300 millones de dolares, a los cuales hay que sumar al Banco Provincia y al BICE. Sabiéndose que los prestamos del Banco Nación crecieron exponencial e irregularmente durante la presidencia de Javier González Fraga, y que Vicentín fue uno de los principales aportantes a la campaña de Cambiemos, y que el hombre fuerte de la empresa: Alberto Padoán y hasta hace muy poco presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario era un autoproclamado militante Macrista. Desató un debate sobre que hacer con la empresa, como preservar las fuentes de trabajo directas e indirectas, como evitar un efecto cascada con otros empresas del rubro, y sobre todo el papel que debía tener el Estado.

Mas aún sabiendo que en la historia argentina muchas empresas privadas en los ciclos neoliberales se endeudan en dolares en el extranjero y luego buscan que el Estado estatice esas deudas, es decir que las paguemos todos.

La cuestión no es fácil. Vicentin es una empresa nacional, y la cuestión no es salvarla a costa de todos para luego entregarla vigorosa a las multinacionales.

Es evidente que el Estado nacional y provincial debe recuperar lo prestado, y que se sospecha una maniobra fraudulenta y planificada de Vicentín. Sin embargo, junto a la actitud de investigar cómo se otorgaron ilegalmente ese nivel de prestamos y los sumarios internos que están en marcha en el Banco Nación. Hay que discutir globalmente con todos los actores involucrados cual es el camino de solución.

Parte de este debate debe recorrer temas tales de una regulación del comercio de granos, como evitar la subfacturación para evitar pagar las retenciones que corresponde. Y como el Estado puede y deber ser no solo un mejor contralor sino un actor importante. Se podría discutir como lograr una empresa testigo y si Vicentín podría serlo a través de una participación mayoritaria del Estado en una Sociedad empresaria mixta. Donde además estuvieran productores, trabajadores, cooperativas, acopiadores, transportistas.

Quizás sea el momento de plantearse la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria –SAPEM-, con el objetivo de transparentar precios y mercados, desarrollar la segregación por calidad, y realizar alianzas estratégicas con el sector cooperativo y empresas nacionales proveedoras de insumos como así también acceder a infraestructura de embarque propia que compense el desequilibrio del sector exportador.

Y de esa manera no solo desbaratar maniobras fraudulentas o mayor concentración económica, si también el Estado podría estudiar y utilizar la formación de costos tan importantes como el del aceite, las harinas,y otros subproductos, hasta cuestiones elementales de cómo se pesan los barcos que se utilizan para la exportación.

Una empresa testigo como podría ser Vicentin en manos de una empresa mixta publico-privada con mayoría estatal, podría ser una palanca clave en la lucha por la seguridad y soberanía alimentaria.